La reciente promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de implementar “investigación e inteligencia” para hacer frente a la creciente violencia en Sinaloa, tras los más de 140 asesinatos ocurridos desde el 9 de septiembre, plantea interrogantes sobre la eficacia de su enfoque y el compromiso real del gobierno para abordar las raíces del problema del narcotráfico.
En su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la estrategia no solo se centrará en las detenciones, sino también en atender las causas que llevan a los jóvenes a unirse a bandas delictivas. Esta perspectiva es ciertamente un paso en la dirección correcta; abordar las causas sociales, económicas y educativas que propician la violencia es fundamental para cualquier solución a largo plazo. Sin embargo, las declaraciones de la mandataria también traen consigo el peso de la historia: ¿cuántas veces se ha prometido esto sin resultados concretos?
La insistencia en no regresar a la “guerra” contra el narcotráfico, que Sheinbaum define como un “permiso para matar”, es una postura que, aunque necesaria, requiere un desarrollo coherente en su aplicación. La narrativa de que el enfoque debe ser el respeto a los derechos humanos y la protección de la ciudadanía es válida, pero, por sí sola, no es suficiente para restaurar la confianza en un sistema que ha fallado repetidamente en garantizar la seguridad.
La situación en Sinaloa es complicada. La reciente escalada de violencia, que según el gobierno está vinculada a disputas internas dentro del Cártel de Sinaloa, es un recordatorio escalofriante de que la criminalidad organizada se ha adaptado y evolucionado. La intervención de más de 2,500 agentes de las Fuerzas Armadas es un intento de contener la situación, pero esto puede ser solo un paliativo si no se acompaña de un enfoque integral que realmente busque desmantelar las estructuras delictivas.
Sheinbaum se ha comprometido a reforzar la seguridad y a coordinar esfuerzos con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Sin embargo, el éxito de estas acciones dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para implementar verdaderas políticas públicas que ataquen el problema desde sus raíces. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la inclusión de la ciudadanía en la discusión sobre seguridad son elementos cruciales que aún parecen estar ausentes en el discurso oficial.
La comparación con la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador también es inevitable. Si bien el ex presidente minimizó la ola de violencia y trasladó parte de la responsabilidad a Estados Unidos, el actual contexto exige un enfoque más proactivo y menos reactivo. Sheinbaum debe demostrar que su administración está dispuesta a enfrentar el problema del narcotráfico no solo con palabras, sino con acciones concretas y efectivas.
La promesa de Claudia Sheinbaum de implementar un enfoque de “inteligencia e investigación” en Sinaloa es un discurso alentador, pero para que se traduzca en resultados tangibles, debe ir acompañada de un compromiso real con la ciudadanía y un plan estratégico sólido que aborde tanto las causas como las consecuencias de la violencia. La historia reciente nos ha enseñado que la seguridad no puede ser vista como un mero asunto de contención, sino como un esfuerzo colectivo que involucra a todos los sectores de la sociedad.
