Ciudad de México, 24 de abril de 2025. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó duras críticas al Poder Judicial de la Federación, luego de que un juez otorgara una suspensión provisional que impide ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, investigado por presuntos actos de corrupción.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria lamentó que decisiones judiciales como esta “entorpezcan los esfuerzos del Estado por combatir la impunidad”. Sheinbaum calificó el caso como “emblemático” y recordó que la investigación en contra del exmandatario estatal fue iniciada por la Fiscalía General de la República incluso antes de su llegada al poder.
“Es muy claro el caso de corrupción del exgobernador de Michoacán. No tendría por qué un juez haber otorgado esta suspensión”, subrayó la presidenta.
La resolución judicial fue emitida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, cuyo secretario en funciones de juez estableció una garantía de 52 mil pesos, pagadera en un plazo de cinco días. Mientras tanto, la suspensión impide que se ejecute la orden de arresto “hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Más allá del caso de Aureoles, Sheinbaum aprovechó para denunciar lo que considera una falta de alineación del Poder Judicial con los esfuerzos por mejorar la seguridad nacional. Expuso que, en una reciente reunión del Gabinete de Seguridad, fue informada sobre la liberación de un presunto delincuente vinculado al crimen organizado en Michoacán, quien, tras ser detenido en marzo, fue liberado por un juez en solo tres días.
“Hay muchos casos en los que el Poder Judicial, en lugar de contribuir a la justicia y la seguridad, termina siendo un obstáculo”, señaló la mandataria.
El caso de Silvano Aureoles vuelve a encender el debate sobre la independencia judicial frente a la lucha anticorrupción impulsada desde el Ejecutivo, y reaviva las tensiones entre poderes que han marcado parte del sexenio de Sheinbaum.
Mientras tanto, el exgobernador continúa bajo el amparo de la justicia federal, en espera de que se resuelva su situación legal de forma definitiva. La opinión pública, por su parte, permanece atenta a un proceso que podría marcar un precedente importante en el combate a la corrupción dentro de las altas esferas políticas del país.
