El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha solicitado al Congreso de su Estado licencia para presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, para lo que se requiere un periodo apartado del cargo de seis meses. García da este paso después de plantear al mismo requerimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que declaró improcedente dicha solicitud el pasado 18 de octubre. El tribunal afirma en su sentencia que el procedimiento obliga a acudir al Congreso y después, si hay pleito, podría reclamarse ante el tribunal, no antes. El asunto vuelve ahora a la casilla de salida: el Congreso estatal deberá decidir sobre dicha petición, pero ya los representantes del PRI y del PAN, que tienen mayoría en la Cámara, anunciaron que no se le concederá la licencia.
El partido de García, Movimiento Ciudadano, todavía no ha decidido si presentará un candidato propio a las elecciones presidenciales de junio de 2024 o concurrirá, algo improbable, en alianza con la oposición. El paso dado por el gobernador de Nuevo León es, por ahora, el único tangible sobre las intenciones de dicho partido, pero está en una espiral política enrevesada. A sabiendas de que el PRI y el PAN no tienen intención alguna de concederle la licencia para concurrir a las presidenciales, el gobernador ni siquiera lo intentó, optó por recurrir al Tribunal Electoral, cuya sentencia era esperable: “El pleno de la Sala Superior determinó, con la ausencia justificada del magistrado Indalfer Infante Gonzales, y con los votos particulares en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado José Luis Vargas Valdez, que la solicitud del gobernador es improcedente porque no se advierte la existencia de un acto concreto en el que se afecten los derechos político-electorales del actor. Lo anterior, porque en el expediente no obran pruebas que demuestren que el gobernador hubiese solicitado la licencia temporal ante el Congreso local y, por tanto, tampoco alguna respuesta al respecto por parte del órgano legislativo”.
García no solo planteó ante el tribunal su licencia, también pedía que, en su ausencia, fuera el secretario del Gobierno quien lo sustituyera, “de conformidad con el artículo 121 de la Constitución del Estado de Nuevo León, con el objetivo de darle continuidad a un ejercicio democrático avalado por la ciudadanía para asegurar que la gobernanza y las funciones esenciales sigan realizándose antes, durante y después de la licencia”. O sea, que el gobernador no solo quiere concurrir a la presidencia, sino que pretende mantener la gubernatura de Nuevo León bajo la figura de un afín. Es difícil, si no median acuerdos políticos desconocidos, que la oposición le dé su visto bueno a esta pretensión.
El Tribunal Electoral no se ha querido pronunciar tampoco sobre este extremo, por la misma razón, lo improcedente de la solicitud del gobernador. Lo hará, eventualmente, si una vez denegada la licencia en el Congreso, García pidiera de nuevo una resolución judicial. El escrito presentado por García ante el Congreso está redactado de forma impositiva en este aspecto: “Desde este momento, le informo que el secretario general de Gobierno se quedaría encargado del despacho por ministerio de ley”, dice en la nota petitoria.
El gobernador ha mantenido diversas posturas sobre su candidatura a la presidencia. Hace meses coqueteó con postularse, para después renunciar a ello. A favor de ser paciente en este asunto juegan su juventud y el hecho de que ha sido padre recientemente, por lo que se creía que esperaría mejor ocasión, teniendo en cuenta, además, que el partido mejor postulado para lograr la presidencia es Morena, con gran diferencia sobre el resto, según todas las encuestas. Entre sus fichas con más posibilidades, Movimiento Ciudadano contaba también con el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien rechazó presentarse. Queda en juego la posibilidad de que el morenista Marcelo Ebrard, quien perdió la encuesta interna para ser el candidato, se sume ahora las filas naranjas, pero eso es todavía un futurible.
El tiempo corre en contra, razón por la cual el gobernador de Nuevo León solicita al Congreso una resolución urgente, algo que también queda a la buena voluntad de priistas y panistas.
A quién pueda beneficial que Movimiento Ciudadano postule un candidato a las presidenciales entra dentro del juego político. La oposición, cuyo cartel encabeza la panista Xóchitl Gálvez, necesita de todos los apoyos, la división no les conviene. Los morenistas, por su parte, no parecen precisar de votos para ganar la presidencia, pero sí para lograr una buena mayoría en el Congreso que le permita rematar algunas iniciativas de Gobierno planteadas por Andrés Manuel López Obrador, quien en los últimos tiempos le ha dedicado a García algunos halagos, incluido el de ser un buen candidato presidencial.
La pelota está en el tejado del PRI y del PAN, quienes podrían negarse a conceder la licencia, argumentando que es un gobernador recién llegado al cargo y que la Constitución mexicana solo acepta estas licencias ante razones de fuerza mayor. Eso, sobre el papel. En la práctica, estas licencias se han venido concediendo cuando los Congresos estatales lo han tenido a bien. De hecho, según los constitucionalistas, el invento de las licencias fue precisamente para sortear la prohibición en México de renunciar al cargo que pesa sobre los gobernantes electos. García tiene ahora otra oportunidad.
