La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmando que la reforma judicial “va”, a pesar de no tener detalles sobre la reciente reunión entre la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, plantea preguntas cruciales sobre la dirección y la urgencia de estos cambios en el sistema judicial mexicano.
Sheinbaum parece querer enviar un mensaje claro a la ciudadanía: la reforma es una prioridad que seguirá adelante, independientemente de las negociaciones y los diálogos que puedan surgir en el ámbito legislativo. Sin embargo, esta firmeza también sugiere una falta de consideración sobre el proceso y las implicaciones que podría tener para el sistema judicial en su conjunto.
El hecho de que la mandataria se entere de los detalles de la reunión a través de redes sociales, y no directamente de los involucrados, es un indicativo de la desconexión que puede existir entre los diferentes poderes del Estado. En un momento en que la colaboración y la comunicación son más necesarias que nunca, esta brecha podría obstaculizar el progreso y la legitimidad de la reforma.
Fernández Noroña, por su parte, ha destacado la importancia de restablecer el diálogo con el Poder Legislativo, un paso que podría resultar fundamental para la implementación efectiva de la reforma. Sin embargo, la insistencia de la presidenta en que la reforma seguirá su curso, sin importar los detalles de estas conversaciones, puede interpretarse como una postura autoritaria que ignora las complejidades del sistema judicial y la necesidad de consenso.
La reforma judicial es sin duda un tema urgente y relevante, especialmente considerando la percepción pública sobre la imparcialidad y la eficacia del Poder Judicial. Sin embargo, el enfoque apresurado de Sheinbaum podría dar pie a cuestionamientos sobre la calidad y la sostenibilidad de la reforma. Un cambio significativo en el sistema judicial no solo requiere buenas intenciones, sino también una planificación cuidadosa y un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados.
La promesa de una reforma judicial efectiva no debe basarse únicamente en la voluntad política de la administración actual, sino también en un proceso inclusivo que considere las opiniones y necesidades de todos los sectores de la sociedad. La falta de transparencia y el control unilateral podrían generar desconfianza y resistencia, lo que contradiría el objetivo de una reforma que, en esencia, busca fortalecer la democracia y la justicia.
La declaración de Sheinbaum de que la reforma judicial “va” puede ser vista como un paso positivo hacia la modernización del sistema judicial. Sin embargo, es esencial que este impulso no se convierta en una carrera hacia adelante sin una base sólida de diálogo y consenso. La legitimidad de cualquier reforma judicial radica en su capacidad para ser aceptada y apoyada por la sociedad en su conjunto, lo que solo se logrará a través de un proceso inclusivo y transparente.
