Diciembre 9, 2024 – La legislatura de Misuri está considerando un controvertido proyecto de ley que propone recompensar a los residentes con hasta mil dólares por proporcionar información que conduzca al arresto de migrantes indocumentados en el estado. La iniciativa, presentada por el senador electo David Gregory, republicano del área de St. Louis, busca crear un programa denominado Programa de Cazadores de Recompensas Certificados para Extranjeros Ilegales de Misuri, el cual ofrecería pagos a quienes ayuden a las autoridades estatales a localizar y arrestar a migrantes sin documentos legales.
El proyecto de ley, conocido como SB 72, también propone la creación de un nuevo delito llamado “allanamiento ilegal”, que permitiría a la policía estatal procesar a los indocumentados como delincuentes, un poder que tradicionalmente ha estado reservado para las autoridades federales. Esto ampliaría las capacidades de las fuerzas del orden en Misuri para abordar la inmigración ilegal, un tema de gran polarización en el país.
Gregory explicó en un video publicado en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) que su promesa de hacer de Misuri un líder en la lucha contra la migración ilegal se está cumpliendo con esta propuesta. “Este proyecto de ley permitirá finalmente a las fuerzas del orden de Misuri localizar y arrestar a migrantes ilegales”, comentó el legislador, quien también enfatizó la importancia de la participación ciudadana en el proceso: “Necesitamos que todos colaboren para evitar que estos migrantes cometan más delitos”.
Además, la legislación incluye la creación de un fondo específico para el Programa de Cazadores de Recompensas Certificados, que sería financiado con recursos de la Asamblea General del estado. El programa certificaría a los ciudadanos como cazadores de recompensas y los alentaría a identificar a los migrantes indocumentados, a cambio de una compensación económica por cada arresto logrado gracias a su información.
El proyecto de ley ha generado una gran controversia y debate en el estado, con críticos que argumentan que podría fomentar la denuncia injustificada o crear un ambiente de desconfianza entre las comunidades migrantes. Sin embargo, Gregory defendió la medida como una herramienta necesaria para “proteger a los residentes de Misuri” y asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración.
El proyecto de ley continúa siendo evaluado por la legislatura, y su futuro dependerá de las discusiones que se generen en los próximos días.
