La llamada “Ley Bonilla” fue declarada inconstitucional por unanimidad este lunes 11 de mayo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la invalidación al artículo octavo transitorio de la Constitución del Estado de Baja California, que permite la ampliación de dos a cinco años del mandato del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla Valdez.
Por unanimidad, la SCJN aprobó el proyecto que anula por inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” con lo que el morenista solo gobernará Baja California por dos años.
La discusión del proyecto corrió a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, quien ocupa tal puesto dentro de la SCJN desde 2006.
Los once ministros en su posicionamiento se sumaron en favor del proyecto del ministro Franco González.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, afirmó que el Congreso de Baja California cometió un fraude con la Ley Bonilla, pues “es a todas luces negativa (…) La legislatura local fraguó un fraude a la Constitución”.
“La democracia no se agota en las urnas. Implica el respeto absoluto a la libertad del pueblo. Cuando los ciudadanos votamos no lo hacemos en blanco. Lo hacemos para un cargo y para un período específico”, agregó.
La ministra Yasmín Esquivel afirmó que “es ilógico” querer que algo que era prohibido antes de la elección sea permitido después de la elección; mientras que la ministra Norma Lucia Piña señaló que el Congreso de Baja California ignoró, con la aprobación de esa ley, el mandato de la voluntad ciudadana.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar indicó que la figura de la libertad configurativa de los estados no puede utilizarse como un argumento para inobservar principios electorales.
El ministro Javier Laynez Potisek aseveró que lo hecho en el Congreso de Baja California “es violatorio del derecho de votar”, mientras que la ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que lo aprobado en el Congreso estatal implicó varias violaciones constitucionales.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseveró que extender el mandato gubernamental violenta de manera sustantiva los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica.
A inicios de febrero, la Primera Sala de la Corte declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el Congreso local de Baja California contra la controversia constitucional para combatir la extensión del mandato de Jaime Bonilla.
Dicha resolución permitió a los ministros de la SCJN seguir el trámite normal para el análisis de la extensión del mandato en Baja California, impugnada por el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y varios partidos políticos.
Antes de la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, en julio de 2019, el Congreso estatal aprobó una reforma al artículo Octavo del decreto 112, que amplió la gubernatura de dos a cinco años.
El proyecto del ministro González Salas dejó en claro que el periodo del encargo conferido a Bonilla vencerá el 31 de octubre de 2021, con lo que se descarta dar efectos retroactivos a dicha declaratoria de invalidez.
Por lo anterior, la SCJN no ordenará nuevas elecciones, pero demandará a las autoridades estatales llevar a cabo las modificaciones necesarias, lo que representa hacer uso de los artículos de la Constitución de la entidad que estaban vigentes y que fueron reformados para ampliar el mandato de Bonilla.
Con información de López-Dóriga Digital
