4 de noviembre de 2024 – Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido este lunes a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva sobre el asesinato de dos migrantes colombianos a manos de la Guardia Nacional (GN) en Baja California. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre en el municipio de Tecate, donde un enfrentamiento entre los agentes de seguridad y un grupo de migrantes dejó dos muertos y cinco heridos, entre ellos una menor.
El incidente se produjo cuando siete migrantes de origen colombiano intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos y fueron interceptados por elementos de la GN. En el intercambio de disparos, dos de los migrantes perdieron la vida, mientras que cinco más resultaron heridos, algunos de gravedad. La noticia ha causado indignación tanto en México como en Colombia, donde las autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales han condenado la violencia y exigido justicia.
A través de un comunicado, diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han expresado su rechazo a lo sucedido, y han solicitado a las autoridades mexicanas que esclarezcan los hechos, reparen el daño a las víctimas y sancionen a los responsables.
“Exigimos un posicionamiento oficial por parte del alcalde de Tecate, Román Cota, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Los tres poderes del gobierno deben comprometerse a que este caso se resuelva conforme a los protocolos legales y que no se repita un acto tan atroz”, indicaron en el comunicado, que fue firmado por varias organizaciones, entre ellas Border Youth Collective A.C., Espacio Migrante A.C., La Grieta, y Partería y Medicinas Ancestrales, entre otras.
Según un informe de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), los enfrentamientos ocurrieron alrededor de las 13:00 (hora local) del pasado sábado, en un tramo de la carretera hacia La Rumorosa, en las cercanías de un parque eólico en Tecate. La GN explicó que los migrantes agredieron inicialmente a los elementos de seguridad con armas de fuego, lo que provocó que los agentes respondieran disparando. Durante el enfrentamiento, también se detuvo a un hombre mexicano que viajaba con los migrantes, y se aseguró un vehículo en el que se transportaban.
Las autoridades militares detallaron que los tres elementos de la GN que hicieron uso de sus armas fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. A pesar de la separación preventiva de los efectivos involucrados, la organización de derechos humanos y colectivos migrantes han pedido que se inicie una investigación imparcial y se determine la responsabilidad de los agentes.
El gobierno de Colombia también ha expresado su pesar por los hechos ocurridos en Tecate. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia condenó el incidente y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados de nuestros connacionales fallecidos y reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional de brindar todo el apoyo requerido en este momento de dolor”, indicó la Cancillería colombiana.
Las dos personas fallecidas en el ataque fueron identificadas como Yuli Vanessa Herrera Marulanda, de 37 años, quien recibió un disparo directo en la cabeza, y Ronaldo Andrés Quintero Pañuelas, de 20 años, quien fue alcanzado por varios disparos en la cabeza, el pecho, el cuello y el hombro. Además de ellos, los cinco migrantes heridos, entre los cuales se encuentra una menor, fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto de creciente tensión en la frontera norte de México, donde miles de migrantes centroamericanos y sudamericanos continúan intentando cruzar hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen. En este sentido, las organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la creciente militarización de la frontera y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que a menudo se enfrentan con migrantes que buscan una mejor vida.
La demanda por la justicia no se limita a este caso, sino que también forma parte de un llamado más amplio sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México. Diversos colectivos han resaltado la necesidad urgente de una reforma en las políticas migratorias, que garanticen el trato digno de los migrantes y eviten la criminalización de quienes buscan refugio o mejores condiciones de vida en otro país.
El caso de Tecate resalta el desafío continuo que enfrenta México en su gestión de la seguridad en la frontera norte, donde la presencia de grupos de migrantes ha generado tensiones entre las autoridades locales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones civiles. Mientras las autoridades mexicanas aseguran que las acciones de la Guardia Nacional son necesarias para controlar los flujos migratorios y proteger la seguridad nacional, las organizaciones de derechos humanos insisten en que el uso de la fuerza letal debe ser la última opción y que siempre debe garantizarse el respeto por la vida y la integridad de los migrantes.
A medida que se desarrollan las investigaciones y se espera una respuesta clara por parte de las autoridades mexicanas, las organizaciones sociales y migrantes seguirán exigiendo justicia, así como una política migratoria que priorice la protección de los derechos humanos y la seguridad de las personas en tránsito.
