Ciudad de México, 5 de noviembre de 2024 – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con el alto presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial de 2025, que asciende a más de 13 mil 200 millones de pesos. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que la democracia no debería tener un costo tan elevado para el pueblo mexicano y subrayó que existen formas de reducir los gastos asociados a estos comicios.
El presupuesto aprobado por el INE corresponde a la organización de los comicios judiciales de 2025, que permitirán elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida forma parte de una reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración (2018-2024) y respaldada por la mayoría oficialista en el Congreso.
En su intervención, la presidenta Sheinbaum afirmó que, aunque el proceso electoral tiene costos inherentes, no se justifica que el presupuesto sea tan elevado, sobre todo considerando que en esta ocasión no habrá financiamiento a los partidos políticos para las campañas judiciales. Aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) estará en contacto con el INE para buscar alternativas y lograr una reducción en los gastos.
“Vamos a seguir insistiendo en reducir el costo de la elección judicial. No es un asunto de Hacienda, es el INE el que está estableciendo este presupuesto. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México”, expresó Sheinbaum. La mandataria destacó que existen maneras de reducir los costos sin comprometer la calidad del proceso electoral, y enfatizó que el presupuesto actual resulta desproporcionado, considerando que no se requieren recursos para financiar a los partidos políticos en esta ocasión.
La elección judicial de 2025 será la primera vez en la historia reciente de México que los jueces, magistrados y ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular. Esta medida, promovida por el gobierno de López Obrador como parte de su reforma judicial, busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Sin embargo, la decisión de hacer pública la elección de estos cargos ha generado un debate en torno a su viabilidad y el impacto financiero que podría acarrear.
El INE, encargado de organizar las elecciones federales y locales en México, aprobó el presupuesto precautorio de 13 mil 200 millones de pesos para cubrir los gastos operativos, materiales y logísticos del proceso electoral judicial. Sin embargo, la cifra ha sido criticada por diversos sectores, incluidos algunos miembros del propio gobierno federal, quienes consideran que es excesiva para un proceso que no involucra a partidos políticos.
Sheinbaum no es la única que ha cuestionado la magnitud del presupuesto para la elección judicial. Diversos expertos en finanzas públicas han señalado que, aunque la elección de jueces y magistrados es fundamental para garantizar la imparcialidad del sistema judicial, también es necesario encontrar un equilibrio entre la democracia y el uso eficiente de los recursos públicos.
La presidenta también hizo un llamado a la responsabilidad del INE, instándolos a reconsiderar la cifra aprobada y a buscar formas de optimizar los recursos sin poner en riesgo la integridad del proceso electoral. Además, destacó que la Segob trabajará de cerca con el INE para asegurar que los costos sean justificados y proporcionales.
El debate sobre el presupuesto para la elección judicial de 2025 refleja la tensión entre garantizar un proceso electoral transparente y eficiente, y la necesidad de hacer un uso responsable del presupuesto público. Si bien el gobierno federal ha expresado su disposición para reducir los costos, el INE tendrá que evaluar las implicaciones de cualquier ajuste en los recursos y la logística del proceso electoral, que se perfila como uno de los más complejos y de mayor impacto en la historia reciente del país.
En los próximos meses, se espera que las discusiones sobre este tema continúen, con la participación de diversos actores políticos, sociales y económicos, en busca de un consenso sobre el costo real de la democracia en México.
