En Tapachula, frontera sur de México, crece la incertidumbre y el temor entre los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
Tapachula, Chiapas, 11 de noviembre de 2024– A pocos días de la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los migrantes que se encuentran en la frontera sur de México, particularmente en Tapachula, temen que las políticas de restricción migratoria se intensifiquen, dejando a miles de personas varadas en territorio mexicano. La preocupación surge en un contexto en el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum promete generar oportunidades de empleo y desarrollo industrial en el sur del país, pero las dudas sobre la aplicación de las políticas migratorias y la creciente violencia en la región siguen pesando sobre los migrantes.
Pablo Carrera, un migrante ecuatoriano que lleva semanas en Tapachula en busca de una oportunidad para seguir su viaje hacia el norte, expresó el temor generalizado que sienten los migrantes tras la victoria de Trump. “Como persona, como humano, que se nos dé libre tránsito para poder seguir avanzando hacia la frontera, salimos de nuestros países con esa meta, pero hay mucha denigración con los migrantes”, comentó Carrera, aludiendo a la creciente hostilidad hacia los extranjeros en la región.
La situación en la frontera sur de México, particularmente en Tapachula, es cada vez más tensa. La semana pasada, durante el primer día del mandato de Sheinbaum, un trágico incidente en Chiapas dejó seis migrantes muertos por disparos de militares, quienes forman parte de un despliegue de 36,000 efectivos de las Fuerzas Armadas para tareas migratorias, implementado por el gobierno de López Obrador en sus últimos meses en el poder. La tragedia subraya la inseguridad y el trato violento que muchos migrantes enfrentan en su paso por México.
En la región, la percepción de inseguridad es alarmante. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, el 92 por ciento de los habitantes de la frontera sur de México consideran que viven en una zona peligrosa, a causa de la violencia relacionada con el crimen organizado y las tensiones migratorias.
A pesar de la creciente preocupación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido su enfoque hacia la migración, asegurando que el Gobierno mexicano ha implementado una estrategia “humanitaria” y de desarrollo económico para atender la situación en la frontera sur. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su gobierno busca generar un “proyecto integral” para la región, que combine incentivos a la inversión y creación de empleo para los habitantes de Chiapas, a la par de la contención migratoria.
“El objetivo es generar un proyecto más allá de los incentivos, realmente generar un proyecto integral para esa zona que permita trabajo, evidentemente, para los habitantes de Chiapas, pero también de contención de la migración en el sur de nuestro país”, señaló Sheinbaum.
La próxima titular de la Secretaría de la Frontera Sur en el Gobierno de Chiapas, María Amalia Toriello, también ha subrayado que, a través del impulso al desarrollo industrial y el fortalecimiento de infraestructuras en la región, se crearán oportunidades laborales para los migrantes que se encuentren temporalmente en México. “Si nosotros logramos ese desarrollo, vamos a lograr que los migrantes tengan un trato digno el tiempo que estén acá, no sabemos cuánto tiempo”, indicó Toriello.
A pesar de las promesas de desarrollo, los migrantes, como el ecuatoriano Carrera, temen que la situación empeore tras la victoria de Trump, cuyo historial en materia migratoria incluye políticas de endurecimiento de las fronteras y la construcción de un muro en la frontera con México. Con la expectativa de que su gobierno buscará reforzar las restricciones migratorias, muchos migrantes temen que el Gobierno mexicano, bajo presión de las políticas estadounidenses, intensifique el control sobre los flujos migratorios.
La situación ha preocupado a defensores de derechos humanos como Rafael Alegría López, activista en la frontera sur, quien pidió al nuevo Gobierno mexicano que adopte medidas claras para proteger los derechos de los migrantes. “Es fundamental que el Gobierno ofrezca diferentes medidas que garanticen los derechos de los migrantes, que no los violenten. Debemos darles oportunidades a aquellos que quieran una oportunidad de vida en México”, comentó Alegría.
El activista también sugirió que, en lugar de optar por un enfoque punitivo, el gobierno debería mejorar el control del acceso migratorio y generar mecanismos que faciliten la movilidad, sin comprometer los derechos fundamentales de los migrantes.
A pesar de que las detenciones de migrantes irregulares han disminuido en comparación con años anteriores, México ha registrado cifras récord de migrantes cruzando el país en lo que va de 2024. Durante el primer semestre del año, más de 712,000 migrantes irregulares transitaban por territorio mexicano, un aumento del 193 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
Muchos de estos migrantes, provenientes principalmente de Centroamérica, Haití, África y Asia, se encuentran atrapados en la frontera sur, donde la falta de recursos y la hostilidad de las autoridades locales dificultan su paso. Las promesas de desarrollo en la región, aunque bien intencionadas, no parecen ser suficientes para mitigar el temor generalizado a quedar varados o ser objeto de represión.
Con la incertidumbre que acompaña la victoria de Trump y las políticas migratorias más estrictas que podría implementar, el futuro de miles de migrantes que transitan por México es incierto. La frontera sur de México, marcada por la pobreza, la violencia y las tensiones políticas, se ha convertido en un punto de quiebre en la crisis migratoria que afecta tanto a México como a Estados Unidos.
Mientras tanto, los migrantes como Pablo Carrera siguen esperando una oportunidad para continuar su viaje hacia el norte, con la esperanza de que las promesas de desarrollo de Sheinbaum no se queden en palabras y se traduzcan en soluciones reales que respeten sus derechos y dignidad.
