Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones financieras contra políticos, oligarcas y la industria de defensa de Rusia, como represalia a la invasión de Ucrania, y reforzó su coordinación con sus aliados para impedir que Moscú utilice sus reservas de oro.
Today, in our latest action to impose severe costs on Russia for its unprovoked invasion of Ukraine, the U.S. is targeting the Russian defense sector, a key financial leader, & 328 members of the Russian Duma who have enabled Putin’s war. https://t.co/OMjd5WCPa5— Treasury Department (@USTreasury) March 24, 2022
Estas medidas, que implican congelar los bienes en Estados Unidos, conciernen a 328 diputados de la Duma (cámara baja del parlamento de Rusia) –así como a la propia institución– y 48 “grandes empresas públicas” del sector de la defensa, según un comunicado difundido por la Casa Blanca.
Se trata de “sanciones de bloqueo total contra más de unas 400 personas y entidades, entre ellas la Duma y sus miembros, élites rusas adicionales y empresas de defensa de Rusia que alimentan la máquina de guerra de Putin“, precisó.
Las penalidades van dirigidas, entre otros, a Tactical Missiles Corporation JSC (KTRV), un gran conglomerado de defensa rusa que pertenece al Estado y cuyo armamento está actualmente desplegado en Rusia, indicó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado separado.
“KTRV produce material de defensa rusa, inclusive armas aeroportadas y sistemas de armas para la marina rusa”, precisó, citando varias armas submarinas y sistemas de radar utilizados en las flotas submarinas.
Los dirigentes de los países del G7 y de la Unión Europea (UE) anunciaron que reforzaban su coordinación para impedir que las empresas y élites de Rusia que serán acreedoras de estas sanciones logren esquivarlas.
También quieren seguir bloqueando la capacidad del Banco Central de Rusia de utilizar las reservas internacionales, incluyendo el oro, para bloquear la financiación de la guerra, además de que se benefician personalmente de las políticas del Kremlin.
En ese contexto, la Comisión Europea busca garantizar el abastecimiento de gas en la región y reducir las importaciones desde Rusia.
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