diciembre 10, 2024
Martín Borrego Llorente, quien hasta ayer se desempeñaba como Coordinador de Contacto con la Ciudadanía en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó su renuncia tras ser señalado por un escándalo que involucra el uso inapropiado de un espacio público para la celebración de su boda.
Una investigación periodística reveló que, cuando Borrego aún era funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), utilizó el Museo Nacional de Arte (Munal) para realizar su enlace matrimonial, en lugar de un evento oficial, como había sido inicialmente presentado. Según el periodista Claudio Ochoa, en su columna “La (no) boda fifí en el MUNAL” publicada en El Universal, Borrego habría fingido la organización de un acto diplomático -la celebración del 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania- para obtener el permiso de uso del museo, cuando en realidad se trataba de su boda privada.
En su carta de renuncia, Borrego aclaró que el evento fue financiado con recursos personales y sin perjuicio alguno al erario público, subrayando que no hubo dolo en su accionar. Sin embargo, reconoció que “fue impropio” haber solicitado el espacio del Munal mediante un correo institucional mientras ocupaba el cargo de jefe de Oficina en la SRE. Aceptó además que su comportamiento fue un error y que “no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositó en mí”.
“Lamento profundamente haber faltado a su confianza y que se vea involucrada en este episodio”, agregó en su misiva de dimisión.
La revelación ha generado un fuerte debate sobre la ética en el uso de recursos públicos y los espacios institucionales. Tras la difusión de la noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha abierto una investigación para determinar si existió un uso indebido de los recursos del Estado, con el objetivo de esclarecer las circunstancias bajo las cuales se facilitó el acceso al Munal para un evento personal.
Este caso ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de transparencia y control sobre el uso de espacios públicos, y ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos en cuanto a la gestión de recursos del Estado.
