El juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, está planeado para comenzar el próximo 24 de octubre
El juez Brian M. Cogan detalló en audiencia que se mantiene para octubre del presente año el inicio del juicio contra el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, sin embargo, no se descarta que se pueda atrasar para enero de 2023.
Cogan confirmó que en setiembre próximo se iniciará con el proceso de selección del jurado para dicho juicio contra el exfuncionario mexicano.
Mantenemos la fecha (24 de octubre, inicio del juicio), pero no me sorprendería aplazar hasta el 9 de enero de 2023”, apuntó el juez.
Se apuntó que el 9 de septiembre defensa y la fiscalía presentarán el cuestionario para la selección del jurado, mientras que el 19 de septiembre se entregará a sus potenciales miembros. Entre el 20 y el 23 de septiembre, los cuestionarios deben ser contestados y recolectados.
Para el 7 de octubre, defensa y fiscalía deberán acordar quieren formarán parte del jurado, aunque en el caso de que no exista acuerdo, el juez deberá elegirlo. Para el 16 de octubre, los integrantes del jurado será convocados para su preparación de cara al juicio.
La Fiscalía prevé presentar 15 potenciales testigos de las fuerzas de seguridad y otros dos potenciales testigos, uno de elos que se hizo amigo de García Luna en la cárcel y una periodista que fue amenazada por el exfuncionario. El testigo principal sería Jesús Reynaldo El Rey Zambada, quien fuera operador del Cártel de Sinaloa.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.
Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.
El exfuncionario mexicano es acusado de tres cargos: conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína; conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína, y conspiración para importar cocaína; además de otra imputación por declaraciones falsas.
