Luego de siete años durante los cuales los hermanos Laura, Luz María y Juan Carlos Beristain, desde el Senado de la República, en el Congreso local y actualmente desde el gobierno municipal de Solidaridad, han dado voz a la exigencia de la ciudadanía para rescindir el abusivo contrato de concesión de agua potable de Aguakan, el proceso legal actualmente se encuentra en etapa de peritajes.
Incluso fue necesario que el Cabildo solidarense solicitara formalmente a la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa la pronta resolución del expediente por la demanda de lesividad interpuesto por el gobierno municipal.
Como se recordará, la empresa Aguakan obtuvo del Gobierno del Estado, del Congreso estatal y de los cabildos involucrados, la concesión para suministrar y cobrar por el servicio de agua potable en Solidaridad, además de que se amplió el término del convenio en los de Benito Juárez e Isla Mujeres mediante un pago de mil 80 millones de pesos.
Sobre el tema, la alcaldesa Laura Beristain Navarrete ha recordado que durante el mandato de Roberto Borge Angulo como gobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora como presidente municipal de Solidaridad se otorgó este contrato hasta el 2053, en violación a disposiciones que prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable, como el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.
Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual, dijo, constituye una ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, que obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en el 2014.
En sin número de ocasiones –subrayó la presidenta municipal– “como gobierno no hemos parado en el reclamo para que los solidarenses tengan acceso al agua de calidad y buen precio, ya que es un tema urgente de la sociedad para devolver el agua potable a manos del pueblo, a fin de que el vital líquido no sea manejado por una empresa que lucra con la necesidad de sus habitantes”.
Finalmente, reiteró su compromiso con la comunidad de continuar con los procesos iniciados por la Comuna para obtener la revocación definitiva de una concesión que lesiona a la sociedad.
