La revisión de redes sociales y los antecedes criminales de los candidatos a conseguir un empleo son acciones legales que pueden realizar empresas.
Las empresas dedicadas a la evaluación e investigación de los aspirantes a conseguir algún empleo no incumplen con ninguna norma al indagar en las redes sociales o los antecedes penales de los mismos, una vez que el titular de los datos permitió el acceso, aseguró un experto en derecho laboral.
Para verificar la información que colocan los candidatos a un empleo existen empresas que se dedican a investigar de fondo el perfil del solicitante, una vez que éste ha aceptado el proceso de preselección. Las indagaciones pueden ir desde el buró de crédito hasta el historía criminal, según sea el puesto para el que se postule.
“Toda empresa legalmente constituida en Mèxico para operar puede manejar los datos personales, de acuerdo a la ley de transparencia, para que sean resguardados. Pueden usar los datos con la condicionante de que los dueños de los datos no sean molestados en el futuro”, refirió Eduardo Peralta Olmedo, especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las empresas que son contratadas por los reclutadores laboran conforme lo marca el artículo 5 constitucional, abundó el especialista, quien detalló que no hay una posibilidad de que se vulneren los derechos de los implicados conforme el marco legal actual que tiene para operar estas compañías.
La revisión de las redes sociales de los aspirantes no significa algún altercado legal, ya que son espacios públicos y de libre acceso; en el caso de los antecedentes penales es información pública a la que los reclutadores pueden tener acceso una vez que se ha dado el consentimiento del aspirante al proceso de selección, abundó.
“Los antecedentes penales es un dato importante para una empresa que maneje dinero, no le puedes dar el empleo a persona que estuvo presa por una situación de fraude, por eso piden los antecedes, también si una persona comparte en sus redes contenido de violencia por el hecho de desprestigio a la empresa”, subrayó.
Artículo cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso de Multilatin, una empresa que se dedica a realizar el proceso de preselección de los posibles empleados de una empresa, insistió en la importancia en que este tipo de compañías sean reguladas por las autoridades y se apeguen a un código de conducta como industria, ya que manejan con datos personales sensibles.
“Si México quiere fomentar industria de conocimiento, de tecnología e información, tenemos que entender esta cadena de responsabilidades globales. Queremos ser un apoyo en el fomento de estas industrias.
“Pido a la autoridad un equilibrio entre los derechos humanos y los derechos de privacidad de los datos, y las obligaciones ante la sociedad que las empresas tenemos para proteger a nuestros clientes y empleados”, explicó presidente de Multilatin Background Screening, David Robillard.
Por ello, Peralta Olmedo recomendó a los aspirantes a algún empleo el revisar el puesto para el que van a postular así como los filtros que puede realizar la empresa para la contratación, y así evitar sorpresas.
En el caso de una persona con antecedentes penales que desea reinsertarse laboralmente, la ley es clara y puede hacerlo, pero en el caso de una persona que estuvo recluida por fraude no puede ser contratada en un puesto de finanzas, a menos que sea auxiliar o tenga el seguimiento de una persona, especificó el abogado.
“La ley dice que saliendo de la cárcel puedes tener un empleo que más te acomode y tienes todos tus derechos de vuelta”, afirmó.
En cuanto al manejo de los datos, la empresa que está contratando es la responsable de los datos del aspirante, por lo tanto en caso del mal uso de ellos el candidato puede presentar un recurso legal ante la compañía, de igual manera ésta puede hacerlo hacia la tercera corporación que está haciendo la evaluación del posible personal, en caso de infringir alguna ley.
