El reciente cateo realizado en el Sindicato de Taxistas, Choferes y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, en Benito Juárez, pone nuevamente en evidencia una triste realidad que muchas veces se oculta tras la fachada de instituciones que deberían velar por el bienestar de los trabajadores: el uso de estos espacios como puntos de operaciones para el crimen organizado. La operación, llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fuerza de Tarea Interinstitucional de 100 días, ha revelado no solo la existencia de drogas y armamento, sino también la conexión de este lugar con al menos tres homicidios vinculados a disputas internas dentro del gremio.
El hallazgo de computadoras, discos duros, memorias USB, y dispositivos de almacenamiento de video en el lugar, no deja lugar a dudas sobre la magnitud de las investigaciones que podrían surgir de este operativo. Si bien la detección de drogas y cartuchos útiles ya es alarmante, los testimonios de trabajadores sobre torturas sufridas por las víctimas y las evidencias encontradas en la oficina de Salomón “N”, alias “Mafer”, quien recientemente fue detenido por su implicación en estos crímenes, añaden una capa aún más oscura a este caso.
Las autoridades han confirmado que las investigaciones están relacionadas con los homicidios de dos taxistas ocurridos el 12 de septiembre y el 25 de octubre de 2024, un contexto que no puede pasar desapercibido. La violencia, que parece ser un reflejo de conflictos de poder dentro del gremio, se ha cobrado vidas humanas, mostrando que el control de un sindicato no solo se juega en las urnas, sino también en el terreno de la ilegalidad.
Es cierto que la Fiscalía y las autoridades federales están llevando a cabo un esfuerzo para esclarecer estos hechos y combatir la violencia, pero es fundamental que este tipo de operaciones no se queden solo en el aseguramiento de evidencias. La impunidad ha sido uno de los grandes males que aqueja a Quintana Roo en los últimos años, y si bien el cateo realizado en este sindicato es un paso importante, aún queda un largo camino para erradicar la violencia estructural que sigue permeando en muchos sectores, incluyendo el del transporte público.
Lo que está en juego aquí es mucho más que una serie de homicidios aislados: es el reflejo de cómo la criminalidad se ha infiltrado en las instituciones y, en muchos casos, se ha convertido en un elemento casi natural dentro de la dinámica de algunos sectores de la sociedad. El Sindicato de Taxistas no es el primer gremio que ha sido señalado por su vinculación con grupos del crimen organizado, pero sí es uno de los más emblemáticos por el impacto que tiene en la movilidad y la seguridad de la población en un destino turístico tan importante como Cancún.
La pregunta que queda en el aire es si este operativo será el primero de muchos en un proceso de desmantelamiento de estas estructuras criminales, o si, por el contrario, quedará como una intervención aislada que, al final, no logre tocar las raíces del problema. La respuesta a esta interrogante dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para mantener el enfoque y asegurar que las evidencias y los testimonios recogidos no queden en el olvido.
Lo ocurrido en el Sindicato de Taxistas es una señal de alerta para todos los ciudadanos y las autoridades: la violencia y el crimen organizado no tienen fronteras, ni gremios que los puedan contener. Este caso es solo uno de muchos ejemplos de cómo la criminalidad se disfraza de legitimidad y opera desde dentro de estructuras aparentemente inofensivas. Ojalá que las autoridades sigan la pista de estas investigaciones y, más importante aún, que la justicia no tarde en llegar. La lucha contra la impunidad en Quintana Roo recién comienza, y su desenlace podría determinar la seguridad de muchos más que los involucrados en este caso.
