Magdalena Cruz, una mujer estadounidense, siempre supo que su nacimiento había sido producto de una violación. Pero fue solo cuando se hizo adulta que comenzó a investigar los detalles del crimen cometido contra su madre y a buscar la identidad del violador, su padre.
Cuando fue atacada y quedó embarazada en 1985, su madre vivía en un hogar para personas con discapacidad intelectual en Rochester, Nueva York. A los 30 años, tenía la habilidad mental de una niña de dos años, usaba pañales, no hablaba y no podía alimentarse por sí sola.
Cruz pasó años buscando pruebas sobre el crimen y sobre la negligencia e intentos de encubrimiento por parte de las instituciones encargadas de proteger a su madre. Gracias a los avances en las técnicas de análisis de ADN, finalmente pudo descubrir la identidad del violador, un empleado de la casa donde vivía su madre.
El mes pasado, Cruz presentó una demanda contra la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, la agencia del gobierno estatal que coordina los servicios de asistencia para estos pacientes, incluidos los hogares que los albergan.
Como apoderada de su madre, Cruz presentó la demanda en nombre de ella. Acusa a la institución de permitir y encubrir “un patrón creciente de abuso que condujo a la violación violenta de su madre por parte de un miembro del personal”.
“Mi madre ha tenido una vida difícil y espero que esta demanda la ayude a recibir la atención que merece después de que la OPWDD no la protegiera de su abusador hace 37 años”, dice Cruz.
Advertencia: esta historia contiene detalles perturbadores
Violación y Embarazo
Como víctima de un delito sexual, la madre de Cruz es identificada en el proceso únicamente por sus iniciales, IC. Pasó la mayor parte de su vida en hogares para personas con discapacidad, tenía un coeficiente intelectual (CI) de menos de 20, estaba clasificada con discapacidad intelectual profunda, no hablaba y se comunicaba solo a través de vocalizaciones, emitiendo sonidos descritos en el proceso como “kee ki ki”.
En 1976, cuando IC tenía 21 años, sus padres decidieron trasladarla a una institución cercana a su hogar, el Monroe Development Center (MDC), un hogar que se había inaugurado en Rochester dos años antes.
Los padres estaban ilusionados ante la perspectiva de poder visitar y monitorear a su hija con más frecuencia. Con otros cuatro hijos y sin capacitación ni recursos médicos, no habían podido brindar atención de tiempo completo a IC en casa.
Durante los siguientes diez años, la vida de IC en el nuevo hogar pareció transcurrir sin contratiempos. Pero, sin que sus padres lo supieran, había estado sufriendo varios abusos.
Documentos descubiertos años después y ahora presentados ante el tribunal mencionan que, al menos desde 1985, sufrió varias lesiones, entre ellas una abrasión de 22 cm en la espalda, un hematoma en “forma de cruz” en el hombro izquierdo, hinchazón y “profunda decoloración” en la mano derecha, un corte en la parte superior de la cabeza, contusiones en las caderas y una marca de mordedura en el pecho izquierdo.
En octubre de ese año, un empleado identificado como JB escribió en un informe que a IC “le gustan los hombres de color, se quita la ropa, a veces grita, salta, come muy rápido”. Sus padres desconocían el abuso hasta que, en mayo de 1986, fueron llamados a una reunión, donde recibieron la noticia de que IC estaba embarazada de cinco meses.
Perplejos por la revelación, preguntaron cómo era posible que su hija, con una discapacidad profunda y que nunca salía del local donde vivía, hubiera quedado embarazada. “El MDC les dijo a los padres de IC que sospechaba que otro paciente había cometido la violación, que estaba investigando y que presentaría un informe policial”, dice la demanda.
“Estas eran mentiras. De hecho, el MDC encubrió la violación, al igual que encubrió el patrón creciente de lesiones y moretones en el cuerpo de IC durante su embarazo”, alega la demanda. La policía nunca fue informada del caso.
Según Magdalena Cruz y sus abogados, al enterarse del embarazo de su madre, en lugar de tomar medidas para identificar y sancionar al culpable, el MDC sugirió que IC fuera trasladada temporalmente a otro hogar por el resto del embarazo e incluso consideró suministrarle píldoras anticonceptivas o someterla a una ligadura de trompas.
Los padres de IC confiaron en que la institución estaba investigando el caso y buscando sospechosos, y acordaron que su hija fuera trasladada hasta el nacimiento del bebé. “Sus padres no tenían conocimiento del patrón de abuso ni de las mentiras del MDC”, dice la demanda, e IC regresó a vivir en la institución durante otros nueve años después de dar a luz.
Abusos y muertes ‘inusuales’
El MDC cerró sus puertas en 2013. La OPWDD, que se encargaba de supervisar este y otros hogares para personas con discapacidad, es la imputada en la demanda.
Una portavoz de la OPWDD le dijo a BBC News Brasil que la agencia no puede “comentar sobre litigios pendientes”. La vocera agregó que “la seguridad y el bienestar de las personas a las que ayudamos es la máxima prioridad de la OPWDD”.
Según la demanda, los padres de IC no sabían que el MDC tenía un historial de “acusaciones de negligencia, abuso físico y sexual de pacientes y otros tipos de mala administración”. Incluso, unos años antes, siete empleados fueron encarcelados “por abusar sexualmente de un adolescente discapacitado a su cargo”.
El proceso detalla varios de estos casos, algunos reportados por la prensa de la época. “En junio de 1976, el director de servicios voluntarios del MDC fue preso por violar a un joven de 19 años con deficiencia. Un guardia de seguridad del MDC enfrentó las mismas acusaciones después de usar su llave maestra para destrancar la puerta del joven”, dice el documento.
“En mayo de 1979, los padres de un niño discapacitado de 14 años encontraron moretones y ronchas en los muslos y las nalgas de su hijo después de solo tres días en el MDC. En 1980, un terapeuta de 49 años fue descubierto en la cama de un paciente 15 años, dando lugar a una demanda y declaración de responsabilidad contra la institución”.
La demanda también enumera algunas muertes clasificadas como “inusuales”, incluida la de un paciente de 26 años que murió en 1982 después de tragarse cinco guantes quirúrgicos y la de un tetrapléjico de 21 años que murió de hipertermia en el verano del mismo año después de haber estado varias horas al sol sin beber nada.
“De 1976 a 1985, al menos diez empleados fueron identificados como pedófilos y violadores, incluidos supervisores de personal, guardias de seguridad y voluntarios. Hay informes de incidentes que detallan tortura psicológica”, dice la demanda.
Pero según Cruz y los abogados que la representan, a pesar de las investigaciones en ese momento, muchos empleados involucrados en estos casos “fueron despedidos y recontratados, suspendidos o nunca se les verificaron sus antecedentes” y “no se aplicó ningún cambio significativo”.
La investigación
Cruz nació en agosto de 1986, una niña sana que creció sin saber quién era su padre. Ella dice que, a lo largo de su infancia, tuvo dificultades relacionándose en la escuela y enfrentó problemas de salud mental.
A medida que crecía, Cruz temía no poder tener hijos propios, “ya que estaría condenada a perpetuar el ciclo de violencia y trauma”.
Ella dice que se apoyó en su fe religiosa para superar estas dificultades y, finalmente, se casó y comenzó a tener su propia familia. Fue entonces cuando decidió profundizar en la investigación de las circunstancias de su nacimiento.
En 2019, empezó a investigar los archivos de la ciudad de Rochester y la OPWDD. “Así fue como descubrió que los hechos que rodearon su nacimiento fueron mucho más impactantes y grotescos de lo que su familia había imaginado”, dicen los abogados en la demanda.
“No se sabe cuántas veces IC fue violada, por cuántos hombres y cuántos otros sobrevivientes (de abusos) hubo. El MDC probablemente ocultó y encubrió otras violaciones o abusos, como lo habrían hecho con éxito en este caso, si no hubiera sido por el embarazo”, alega la demanda.
Conmocionada por lo que había descubierto, Cruz decidió buscar justicia para su madre. Ella estima que, según su fecha de nacimiento, la violación que resultó en el embarazo de IC tuvo lugar entre finales de noviembre y principios de diciembre de 1985.
Cruz solicitó pruebas de ADN del sitio web de genealogía Ancestry.com, que revelaron que tenía familiares por parte de su padre en Virginia. Tras buscar en internet y redes sociales más información sobre esta familia, Cruz encontró una fotografía de una niña que “tenía exactamente los mismos ojos que ella”.
Terminó identificando al padre de la niña, que había vivido en Rochester. Este hombre, cuyo nombre lleva las iniciales JB, era empleado del hogar donde vivía su madre, el mismo que firmó algunos de los informes descubiertos por Cruz años después.
El proceso
Armada con su hallazgo, Cruz llevó el caso a la policía en septiembre de 2019. Pero, a pesar de que los agentes confirmaron que JB realmente trabajaba en el MDC en 1985, no había nada que hacer, porque el delito ya había prescrito.
“El encubrimiento del MDC logró mantener la(s) violación(es) oculta(s) el tiempo suficiente para que caducara el estatuto penal, lo que impidió que la policía tomara medidas formales”, alega la demanda.
Sin embargo, eso cambió a fines del año pasado cuando el estado de Nueva York aprobó la llamada Ley de Sobrevivientes Adultos, que suspendió temporalmente, por un período de un año, el estatuto civil de limitaciones para las víctimas adultas de agresión sexual.
Con eso, Cruz finalmente pudo presentar una demanda para buscar justicia. Ella decidió no enjuiciar al violador, sino al sistema estatal responsable de atender a las personas con discapacidad y de contratar y retener a JB como empleado.
“Ella (Cruz) es una persona de gran fe religiosa, así es como se las arregla para vivir su vida, encuentra mucha guía e inspiración a través de su fe”, dijo a BBC News Brasil la abogada Julia Elmaleh-Sachs, de la oficina PC de Crumiller, quien forma parte del equipo que representa a Cruz.
“Ella no quería presentar una demanda contra su padre biológico”, enfatiza el abogado. “Él es nombrado a lo largo de la demanda, pero realmente queríamos centrarnos en la negligencia de la institución y cuán horriblemente (la OPWDD) trató a nuestro cliente y a otros como ella”.
“El demandado (OPWDD) es indirectamente responsable de la agresión sexual de JB contra IC porque JB era un empleado que actuaba en el curso de su empleo en el momento de la violación”, alegan los abogados de la demanda.
Según la demanda, el imputado tenía el deber de proteger a IC de JB. Y añade que la negligencia demostrada “fue extrema, flagrante, inmoral, temeraria, deliberadamente indiferente”.
El futuro
En 1995, nueve años después del nacimiento de su hija, IC fue trasladada a otro hogar para personas con discapacidad, en la ciudad de Penfield, donde aún hoy vive. A sus 66 años, sigue viviendo con una discapacidad intelectual severa y ha acumulado otros problemas de salud.
Ella sufre de artritis severa, enfermedad renal y glaucoma, lo que ha resultado en una pérdida casi total de la visión. No puede comer alimentos sólidos y depende de una silla de ruedas para moverse. Cruz visita a su madre con frecuencia.
“Quiere asegurarse de que su madre reciba la atención que merece y que el Estado no ha brindado durante tantos años”, comentó la abogada Julia Elmaleh-Sachs.
Según la abogada, uno de los objetivos de la acción es lograr que las personas que necesitan vivir en estas instituciones reciban la atención y el tratamiento que merecen y que les prometieron a sus familias.
“Las instituciones que albergan a los más vulnerables entre nosotros deben cumplir con los más altos estándares. Eso es lo que estamos tratando de hacer con este caso”, concluyó Elmaleh-Sachs.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
