Por: Joaquin Pacheco Cabrera
El reciente anuncio de la contralora Reyna Arceo y del fiscal anticorrupción Edgar Ramírez sobre la investigación de exfuncionarios de la administración Borgista es un paso necesario, aunque tardío, hacia la rendición de cuentas en Quintana Roo. La alarmante magnitud de los desvíos, que supera los 7,000 millones de pesos, no solo pone de manifiesto la fragilidad de nuestras instituciones, sino que también resalta una corrupción sistemática que ha socavado la confianza pública en el gobierno.
La Contraloría y la fiscalía anticorrupción han puesto sobre la mesa un asunto que requiere atención y, sobre todo, acción decidida. Sin embargo, la omisión de responsabilizar a los máximos exfuncionarios plantea un dilema crítico: ¿cómo puede la ciudadanía confiar en que se hará justicia si aquellos que realmente tomaron las decisiones quedan fuera del alcance de la ley? Esta falta de rendición de cuentas genera desconfianza y alimenta la percepción de impunidad.
La ausencia de seguimiento y las omisiones durante la administración anterior han permitido que se consuman plazos legales vitales, impidiendo la recuperación de recursos que podrían haber sido destinados a mejorar la vida de los Quintanarroenses. A pesar de que la inhabilitación de 47 exfuncionarios y la imposición de 65 sanciones son pasos importantes, la realidad es que resultan insuficientes ante la magnitud del problema. La ineficacia estructural en el manejo de la corrupción debe ser abordada con urgencia.
Edgar Ramírez Morales informó que actualmente existen 847 carpetas de investigación activas que involucran a exfuncionarios de distintos niveles, incluyendo a algunos de la propia SECOES, que estuvo bajo el mando de Rafael del Pozo. Esta situación no solo refleja la profundidad de la corrupción en el gobierno anterior, sino también la falta de un marco legal adecuado para hacer frente a estos delitos.
Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y exijan transparencia y justicia. La lucha contra la corrupción no solo es responsabilidad de las instituciones, sino también de la sociedad civil. Solo a través de un compromiso conjunto podremos garantizar que el pasado no se repita y que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio de todos.
Quintana Roo se encuentra en un momento crucial. La administración de Mara Lezama tiene la oportunidad de marcar un nuevo rumbo en la lucha contra la corrupción, pero esto solo será posible si se actúa con firmeza y se busca una verdadera justicia para todos. La esperanza de un futuro más transparente y justo depende de las decisiones que se tomen hoy. La ciudadanía debe exigirlo y los gobernantes deben responder.
