El gobierno advirtió que 7 entidades tienen la mayor incidencia de delitos contra candidatos y otras 7 tienen riesgo de intervención de la delincuencia.
En los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco se ubica el mayor riesgo de que aspirantes a un puesto de elección popular puedan ser cooptados por la delincuencia organizada, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
En la conferencia matutina presidencial, la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, presentó la Estrategia de Protección de Contexto Electoral, con la que buscará prevenir este tipo de acciones, con el fin de garantizar la imparcialidad en la elección,
“Más de la mitad de los eventos de la violencia política como asesinatos y heridos se han presentado en este periodo en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos BC y Jalisco”, abundó la funcionaria.
Advirtió que el nivel de gobierno con mayor riesgo de implicación de la delincuencia organizada como la de “cuello blanco” es el municipal, especialmente en zonas de influencia de grupos criminales.
En la estrategia colaborarán también la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia.
En lo que va de 2021, esta última instancia ha identificado 15 incidentes de violencia política: 11 homicidios en Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco; 2 agresiones en Nuevo León y Baja California Sur; así como un secuestro y un caso de extorsión, ambos en Jalisco.
La estrategia busca llamar a partidos y autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley; también establecerá mesas de trabajo entre la Segob, Seguridad, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas de casos de candidatos con vínculos con la delincuencia.
Igualmente se consultará con los gobernadores la aplicación de esta estrategia y se revisará la estrategia de seguridad en entidades federativas y municipios de alto riesgo con las fuerzas de seguridad.
“Se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección”, detalló Rodríguez.
Además, se apoyará en la protección y coordinación con autoridades ministeriales e instancias locales y federales, así como establecer protocolos territoriales especializados según los niveles de violencia política e incidencia delictiva.
“Es conveniente evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete”, detalló la secretaria.
