Chetumal, Quintana Roo.— La seguridad pública en Quintana Roo quedó nuevamente bajo escrutinio luego de la detención de cuatro policías, señalados por su presunta participación en la desaparición de tres jóvenes ocurrida en el municipio de Othón P. Blanco.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó que los agentes enfrentan señalamientos por los delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se habrían registrado durante la madrugada del 29 de agosto, en inmediaciones del Boulevard Bahía, donde los ahora detenidos presuntamente interceptaron a una de las víctimas.
TRES POLICÍAS MUNICIPALES Y UNO ESTATAL
Los detenidos fueron identificados como José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N”.
Según la información proporcionada por las autoridades, tres de ellos pertenecían a una corporación municipal y uno a la Policía Estatal.
La Fiscalía sostiene como una de sus líneas de investigación que una de las víctimas habría sido interceptada y posteriormente entregada a un grupo delincuencial.
Dos de los jóvenes fueron liberados horas después, mientras que un tercero fue localizado la noche del 31 de agosto, luego de haber sido presuntamente golpeado.
“NO VAMOS A TOLERAR POLICÍAS CÓMPLICES”
El fiscal Raciel López Salazar lanzó un mensaje contundente al señalar que ninguna autoridad debe abusar de su posición ni colaborar con organizaciones criminales.
“No vamos a tolerar a ninguna autoridad que abuse, mucho menos que sean cómplices de grupos delincuenciales”, afirmó.
El funcionario agregó que los cuatro agentes ya fueron puestos a disposición de un Juez de Control y que, de acreditarse los delitos imputados, podrían enfrentar una condena superior a 50 años de prisión.
PRISIÓN PREVENTIVA
Como parte del proceso, los cuatro detenidos quedaron sujetos a prisión preventiva, mientras el juez determina su situación jurídica conforme avance el procedimiento judicial.
El caso representa un nuevo llamado de atención sobre los mecanismos de control y depuración de las corporaciones policiales, particularmente cuando servidores públicos son señalados por posibles vínculos con actividades delictivas.
Por ahora, será el proceso judicial el que determine la responsabilidad individual de cada uno de los cuatro agentes, mientras las investigaciones continúan para esclarecer qué ocurrió con los tres jóvenes y establecer la totalidad de los involucrados.
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