La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que afirma que los errores detectados en la reforma al Poder Judicial no invalidan su validez, abre un amplio debate sobre la calidad y la sostenibilidad de las reformas que busca implementar su administración. A pesar de las inconsistencias en la redacción constitucional, la mandataria se aferra a la idea de que la reforma es necesaria y debe seguir su curso.
Es innegable que la intención detrás de la reforma, que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados, es un paso audaz hacia la democratización del sistema judicial. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo y los errores que han surgido plantean serias preguntas sobre la capacidad del gobierno para implementar cambios fundamentales sin una planificación meticulosa.
La insistencia de Sheinbaum en la validez de la reforma, respaldada por consultas con figuras clave como el ministro Arturo Zaldívar y la consejera jurídica Ernestina Godoy, puede interpretarse como un intento de estabilizar la situación y calmar las inquietudes tanto del sector judicial como de la opinión pública. Sin embargo, la declaración carece de un análisis crítico sobre cómo estos errores podrían afectar la confianza en un sistema que ya enfrenta cuestionamientos sobre su imparcialidad y efectividad.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, ha señalado que las contradicciones en la Constitución serán resueltas a través de leyes secundarias. Este enfoque sugiere que la solución no solo implica ajustes legales, sino un esfuerzo coordinado entre los tres Poderes para garantizar un proceso claro y efectivo para la elección de jueces y magistrados. Aún así, esta dependencia de leyes secundarias para corregir los errores originales refleja una falta de previsión que podría haber sido evitada con un análisis más exhaustivo durante la redacción de la reforma.
La figura de los “constituyentes permanentes”, como lo describe Monreal, implica que el trabajo legislativo es un proceso en evolución. Sin embargo, esto también puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que las reformas actuales no están completamente afinadas y que se necesitarán ajustes constantes para alcanzar los objetivos propuestos. La pregunta es: ¿cuánto tiempo y esfuerzo se requerirán para lograr la estabilidad y la confianza necesarias en el Poder Judicial?
La defensa de la reforma judicial por parte de Sheinbaum y su equipo no solo debe centrarse en la validez legal, sino también en la capacidad de esta reforma para cumplir con su propósito de justicia y transparencia. Un sistema judicial que pretende ser democrático no puede permitirse caer en la improvisación; debe fundamentarse en un diseño claro y coherente que inspire confianza en la ciudadanía. La historia de esta reforma podría ser un ejemplo de lo que se puede lograr, o de lo que se puede perder, dependiendo de cómo se manejen estos errores y se construya el camino hacia adelante.
