El Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra Mario Marín por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho
La organización Article 19 informó la madrugada de este miércoles que un juez dictó auto de formal prisión contra el exgobernador Mario Marín por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Tanto la organización como la periodista mexicana celebraron en redes sociales la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo.
Article 19 y Lydia Cacho celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra de Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”, se lee en el mensaje.
Marín Torres, quien gobernó puebla entre 2005 y 2011, era buscado desde hace casi dos años y fue detenido el pasado 4 de febrero en Acapulco, Guerrero, siendo trasladao inmediatamente a Cancún, Quintana Roo. Es señalado por haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil.
La activista fue detenida en ese entonces por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado “Los demonios del Edén“, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.
En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
