Grillos y grillas
Por Joaquín Pacheco Cabrera
En política, cuando un gobierno cambia el nombre de las cosas, casi siempre es porque el contenido duele más que el envoltorio. En su momento, en Quintana Roo se le llamó reingeniería financiera. Hoy, en Tulum, la etiqueta elegante es depuración laboral. El perfume cambia, pero el aroma administrativo es el mismo: ajuste de nómina con efectos políticos garantizados.
Y la historia ya la vimos. No en un capítulo aislado, sino en una serie completa cuyo final fue catastrófico en las urnas. La memoria electoral es selectiva, pero no amnésica. Cuando el ciudadano percibe que los recortes son quirúrgicos… pero siempre caen del mismo lado, la factura se paga en la boleta.
El alcalde Diego Castañón sostiene que el reajuste busca corregir un crecimiento desmedido de la nómina, heredado —según la narrativa oficial— por pagos de favores electorales. Un argumento técnicamente defendible. El problema no es el bisturí financiero; el problema es quién lo sostiene y desde qué autoridad moral.
Porque aquí entra la contradicción política: si el presidente municipal decide correr a gente de su confianza por “ineficiente”, pero él mismo es señalado como ausente crónico del municipio, la congruencia empieza a cotizarse en bolsa… y va a la baja. No se puede exigir presencia administrativa cuando el capitán parece gobernar en modalidad itinerante. La austeridad selectiva siempre despierta sospechas.
El impacto, además, no es estadístico; es humano. Cada despido no es un número en Excel: es una familia que reorganiza su economía de emergencia. Y si bien es cierto que ningún ayuntamiento puede convertirse en agencia de empleo eterno, también es cierto que la forma importa tanto como el fondo. Enterarse del despido al momento de cobrar no es política pública: es torpeza burocrática con consecuencias sociales.
El propio Cabildo ya levantó la ceja. Ediles de distintas corrientes coincidieron en algo básico: ajustar la nómina no justifica despojar a la gente de trato digno. La eficiencia financiera no debería pelearse con la decencia administrativa. En cualquier manual serio de gestión pública, la comunicación institucional no es un lujo; es una obligación ética.
Y luego está el tema de los famosos “aviadores”. Si existían trabajadores que no cumplían funciones claras, la responsabilidad no termina en el despido del subordinado. También alcanza a la cadena de mando. Recursos Humanos y Oficialía Mayor no son espectadores: son los arquitectos del control interno. Castigar solo al eslabón más débil es una depuración… incompleta.
Lo más inquietante no es el reajuste en sí, sino la opacidad. El gobierno municipal no ha precisado cuántas bajas van, cuántas faltan, ni si existe un calendario definido. En política, el vacío de información se llena solo… y nunca con rumores favorables. La incertidumbre laboral se convierte rápidamente en incertidumbre política.
Tulum está jugando con fuego administrativo en un estado que ya aprendió —a la mala— que las reingenierías mal comunicadas se traducen en reingenierías electorales. Ajustar finanzas puede ser necesario; ajustar la narrativa y el trato humano es indispensable.
Porque al final, los números cierran en la contabilidad… pero las decisiones cierran en las urnas. Y esas, a diferencia de la nómina, no admiten recortes sorpresa.
