*Este ejercicio habla del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas de quienes laboran en la Administración Pública Municipal 2021-2024, destaca la titular del Órgano Interno de Control, Leticia Ramírez
Puerto Morelos, Quintana Roo, 5 de junio de 2024.- Servidores públicos del gobierno de Puerto Morelos dieron muestra de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, al cumplir en tiempo y forma con la Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses en la modalidad modificación, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, informó la titular del Órgano Interno de Control, Leticia Ramírez Cetina.
En este contexto, la funcionaria mencionó que este ejercicio aumenta la confianza de la ciudadanía hacia la Administración Pública Municipal 2021-2024, ya que el actuar honesto, responsable y transparente de cada uno de los servidores públicos quedó de manifiesto.
“El 99.7 por ciento de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Puerto Morelos cumplió con esta obligación de ley, luego de una intensa campaña que realizamos al interior de las dependencias”, subrayó.
Para apoyar en el cumplimiento de esta responsabilidad, se asignó personal del Órgano Interno de Control para impartir capacitaciones en el mes de abril. Asimismo, se instaló un módulo de atención presencial de Declaración Patrimonial y de Intereses en la modalidad de modificación, en el palacio municipal, en un horario de 10:00 a 14:00 horas durante todo mayo, brindando asesoría y apoyo a los empleados en el llenado de los campos correspondientes en la página oficial habilitada para tal fin: https://www.declaranet.puertomorelos.gob.mx/.
Por tal motivo, Leticia Ramírez externó un reconocimiento a todos los trabajadores municipales que cumplieron con esta obligación establecida en la ley, y agradeció el apoyo de titulares y enlaces generales administrativos de las dependencias por impulsar a su personal para concretar el procedimiento y obtener su acuse final.
La Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses está establecida en los artículos 32 y 33 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, como parte de las acciones anticorrupción en el servicio público.
