En él, despachos de abogados prometían a los ex trabajadores duplicar incremento de pensiones y obtener prestaciones y derechos de manera ilegal. Por lo tanto, presentaban demandas ante un tribunal incompetente e intencionalmente perdían los juicios, ya que recibían “moches” de funcionarios del ISSSTE.

A los involucrados se les acusa de cometer los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad en declaración y ejercicio ilícito.

A la fecha, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) se han judicializado a 22 personas. Además, se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso en contra de tres personas por la comisión de estos delitos.

Igualmente, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en conjunto Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del trabajo y el ISSSTE, han presentado 31 denuncias ante la FGR, que actualmente se tramitan en 25 carpetas de investigación.

Con esto, se ha logrado asegurar cheques por más de 1,8 millones de pesos, detalló Arturo Medina.