La exsecretaria del Foro es una de los 31 científicos e investigadores señalados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Patricia Zúñiga, exsecretaria del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La exsecretaria del Foro es una de los 31 científicos e investigadores señalados por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de por peculado.
Zúñiga compareció en compañía de su abogado en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Caso Conacyt
El caso se remonta a 2019 cuando Conacyt decidió cancelar el financiamiento que se otorgaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
La dirección de Conacyt argumentó que el Foro realizaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo y que no tenían por qué adjudicarse a terceros, además de que presumió irregularidades en la asignación de recursos.
En respuesta, Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue desechado.
Sin embargo, los ministros de la Corte determinaron que el financiamiento al Foro se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.
Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.
Señaló que el dinero también fue “para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presupuesto excedió lo necesario para el cumplimiento de las funciones del Foro.
La asociación civil se defendió entonces señalando que “en el último año y medio se invirtió 0.36 por ciento en telefonía celular; 0.67 por ciento en bocadillos; 7 por ciento en servicios generales; 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos”.
No obstante, Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que a su vez, se asignaban al Foro.