Chetumal, Quintana Roo.— La entrega de programas sociales y apoyos gubernamentales podría quedar sujeta a nuevas reglas en materia de comunicación política en Quintana Roo, luego de que integrantes de la XVIII Legislatura presentaran una iniciativa para adicionar el artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
La propuesta fue presentada el 2 de junio de 2026 por las diputadas y diputados María José Osorio Rosas, Hugo Alday Nieto, Ricardo Velazco Rodríguez y Jorge Armando Cabrera Tinajero, y actualmente se encuentra turnada a las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, así como de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Congreso de Quintana Roo
El proyecto plantea considerar como infracción la difusión de programas, bienes, servicios y apoyos públicos cuando incorporen nombres, imágenes, voces, colores, logotipos u otros elementos que puedan generar promoción personalizada o posicionamiento político-electoral indebido.
Otro de los puntos centrales es que la comunicación relacionada con estos programas se realice mediante los canales institucionales oficiales de los entes públicos, con fines informativos, educativos o de orientación social. Documentos Congreso QRoo
La propuesta parte de un principio establecido en la Constitución de Quintana Roo: las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad y la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional, sin incluir elementos que impliquen promoción personalizada. Tribunal Electoral
El tema ha generado discusión sobre los límites entre informar a la ciudadanía sobre los programas públicos y utilizar su difusión para posicionar la imagen de una persona servidora pública.
La iniciativa busca que los beneficios financiados con recursos públicos sean comunicados como acciones institucionales, evitando que su entrega pueda asociarse directamente con la imagen de un funcionario o con intereses político-electorales.
En junio de 2026, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) emitió una opinión técnica jurídica favorable respecto de la propuesta.
El organismo consideró que la iniciativa es compatible con los principios constitucionales de equidad, neutralidad e imparcialidad y que busca evitar el uso político-electoral de la comunicación gubernamental. Sin embargo, el propio IEQROO precisó que su opinión tiene carácter orientador y no vinculante para el Poder Legislativo. elquintanarroense.com.mx
La regulación propuesta se relaciona directamente con el artículo 166 Bis de la Constitución de Quintana Roo, que establece que los recursos públicos deben aplicarse con imparcialidad y que la propaganda gubernamental debe tener fines informativos, educativos o de orientación social.
Además, la Constitución estatal señala expresamente que dicha propaganda no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de una persona servidora pública. Tribunal Electoral
Por ahora, la adición del artículo 400 Bis continúa en proceso legislativo, por lo que todavía no constituye una nueva obligación vigente derivada de esta iniciativa. El siguiente paso corresponde al análisis de las comisiones legislativas y, posteriormente, al procedimiento que corresponda ante el Pleno.
La discusión coloca sobre la mesa una pregunta central: ¿cómo garantizar que los programas sociales sean difundidos y reconocidos como acciones institucionales, sin convertirse en herramientas de promoción personal?
La iniciativa busca establecer una línea más clara entre comunicación gubernamental, rendición de cuentas y promoción personalizada, en un tema que también está vinculado con la equidad de las futuras contiendas electorales.
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