• Será una guía de actuación para atender los casos de violencia laboral, incluyendo el hostigamiento y acoso sexual.
Chetumal, Quintana Roo. – Para propiciar un ambiente laboral libre de violencia, la XVII Legislatura aprobó el protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Laboral al interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, dando un gran paso a favor de todas las personas servidoras públicas en especial de las mujeres trabajadoras.
El protocolo busca prevenir, atender y sancionar la violencia laboral que se suscite entre las personas servidoras públicas que laboran en el Poder Legislativo, además de implementar medidas específicas para prevenir la violencia laboral, promover una cultura institucional de igualdad con enfoque de derechos humanos.
También se busca disponer de un procedimiento de atención con perspectiva de género y asesoría de víctimas que garantice la no repetición y el acceso a la justicia.
Para ello se prevé la conformación del Comité para la Prevención y Atención de la Violencia Laboral al Interior del Poder Legislativo, el cual propondrá el diseño de las estrategias de prevención de la violencia laboral, que incluye el acoso y el hostigamiento sexual.
De igual forma se aprobaron reformas a la Ley de Salud del Estado mediante las cuales se establece la obligación del Estado para que la atención materno-infantil involucre el cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, el cumplimiento de los derechos de la niñez, así como el reconocimiento por parte del sector salud de la violencia obstétrica como una práctica a prevenir y erradicar.
También se aprobaron reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado a fin de establecer responsabilidades para el personal escolar que fomente o simplemente decida ignorar la violencia escolar en los planteles educativos.
En la misma sesión se dio lectura a las iniciativas presentadas por la gobernadora Mara Lezama en materia de investigación y persecución de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de activos), así como para mejorar la estructura y funcionalidad de la Fiscalía General del Estado.
Además, se leyó una iniciativa para reformar el Código Penal y el Código Civil para incorporar y sancionar el delito de transfeminicidio.
