El presidente Hashim Thaçi está acusado por supuestas torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, así como el asesinato de 100 personas
La Fiscalía de las Salas de Justicia Especializadas de la República de Kosovo acusó este miércoles al presidente de ese país, Hashim Thaçi, de crímenes de guerra y de lesa humanidad por supuestas torturas, persecuciones, desapariciones forzadas entre 1998 y 2000, así como el asesinato de 100 personas.
Un juez de las Salas de Justicia Especializadas de Kosovo debe revisar la acusación referente al pasado del presidente Thaçi, cuando se desempeñó como líder militar, y decidir si confirma los cargos, indicó el Tribunal en un comunicado.
La Fiscalía presentó los mismos cargos contra el líder del Partido Democrático de Kosovo, Kadri Veseli, y otros líderes kosovares que no han sido nombrados.
El proceso sumario “es el resultado de una larga investigación y refleja la determinación de la Fiscalía de que puede probar todos los cargos más allá de una duda razonable”, aseguró la oficina liderada por el fiscal jefe Jack Smith.
Las víctimas, según la acusación, se cuentan por centenares y son albaneses de Kosovo, serbios, romaníes, miembros de otras etnias y opositores políticos.
“El fiscal ha considerado necesario emitir este aviso público de cargos debido a los repetidos esfuerzos de Hashim Thaçi y Kadri Veseli de obstruir y socavar el trabajo de las Salas de Justicia Especializadas de Kosovo”, se dijo en el comunicado.
Este Tribunal tiene el mandato de juzgar a los mayores responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos entre 1998 y 2000 por el Ejército de Liberación de Kosovo.
Según la Fiscalía, los acusados “han llevado a cabo una campaña secreta para revocar la ley que creó la corte” con el objetivo de “garantizar que no se enfrentan a la Justicia”.
Thaçi y Veseli “han puesto sus intereses personales por delante de las víctimas de sus crímenes, del estado de derecho y de todas las personas de Kosovo”.
Las Salas de Justicia Especializadas de Kosovo siguen la ley kosovar, pero están formadas por magistrados internacionales y tienen su sede en La Haya debido a la alta sensibilidad que genera la cuestión en Pristina, así como para dar una mayor protección a los testigos que declaren en los casos.
