Ciudad de México, 2 de julio de 2025 — Ante las crecientes críticas de sectores opositores y organizaciones civiles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las nuevas leyes en materia de seguridad pública e inteligencia, así como en telecomunicaciones y radiodifusión, no representan una amenaza para la privacidad de los ciudadanos. “Es falso que el Gobierno pretenda espiar a nadie”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
“Nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie”, subrayó Sheinbaum, aludiendo a su experiencia y la de varios funcionarios de su gabinete que —afirmó— fueron víctimas de espionaje durante gobiernos anteriores. “No somos lo mismo. Nosotros fuimos espiados, pero no venimos a repetir esos errores”, agregó.
El Congreso aprobó recientemente dos iniciativas clave impulsadas por el Ejecutivo: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y una nueva legislación sobre Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ambas propuestas fueron respaldadas por las bancadas oficialistas en el Senado y la Cámara de Diputados, donde fueron aprobadas en lo general y lo particular.
La ley de telecomunicaciones obliga a concesionarios de telefonía a colaborar con las autoridades para permitir la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, y contempla el registro de usuarios vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y datos biométricos. El objetivo declarado es mejorar las herramientas del Estado para combatir delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el crimen organizado.
La Ley de Inteligencia, por su parte, busca coordinar a los tres niveles de gobierno en tareas de investigación en materia de seguridad, estableciendo un sistema nacional con reglas claras de operación y cooperación institucional.
A pesar de las garantías ofrecidas por la presidenta, sectores opositores y organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por el posible uso indebido de las nuevas facultades del Estado. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron las reformas como una “amenaza directa a la privacidad” y un paso hacia la consolidación de un “Estado de vigilancia”.
“Es el último clavo en el ataúd de la privacidad en México”, acusó un legislador del bloque opositor. Desde su perspectiva, estas leyes podrían abrir la puerta a un uso arbitrario de tecnologías de seguimiento y recopilación de datos, sin contrapesos suficientes.
Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) y Artículo 19 también han advertido sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones legales debiliten el control judicial previo, y han pedido una revisión constitucional de los cambios aprobados.
Sheinbaum reiteró que cualquier intervención telefónica o medida intrusiva debe pasar por la autorización de un juez, como lo exige la Constitución. “Las leyes no autorizan ningún espionaje. Están diseñadas para fortalecer la seguridad del país y proteger los derechos de todos”, afirmó.
La mandataria concluyó su posicionamiento asegurando que su administración trabaja para “construir un país seguro y en paz”, y no para replicar prácticas autoritarias del pasado. Aun así, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades individuales promete mantenerse como uno de los ejes centrales del nuevo periodo legislativo.
